La denuncia del concejal Milko Caracciolo reveló la grave situación del cauce del río Maipo, debilitado por diferentes intervenciones hasta llegar a un escenario inédito: no está desembocando en el mar. Preocupada por lo mismo, la alcaldesa Constanza Lizana visitó ayer martes la desembocadura del río, además de oficiar a la delegación provincial exigiendo medidas concretas señalando que “las aguas del río Maipo constituyen la principal fuente de provisión de agua potable para consumo humano, así mismo constituye un sistema hídrico que asegura la supervivencia de flora, fauna y ecosistemas propios de nuestro territorio”.

Al lugar llegó el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien agradeció la denuncia del concejal y, en compañía de la Dirección General de Aguas (DGA) realizó una visita inspectiva, junto al municipio. En la instancia los vecinos, agricultores, pescadores y grupos ambientalistas manifestaron su descontento y preocupación, ante lo cual el gobernador señaló que ha pedido mediante oficio la paralización de la obra de Coopagua, agregando que una obra de esta naturaleza le parece “completamente impropia, porque hay una afectación al ecosistema y a los pequeños agricultores que hoy se ven afectados por la falta de agua para producir alimentos”.

Desde el municipio, el alcalde (s) Cristhian Guerra destacó el trabajo de la mesa hídrica conformada por la actual administración, quienes han evaluado el comportamiento del cauce del río “detectando extracciones ilegales, que hemos denunciado, encontrando puntos donde el cauce es muy bajo, poniendo en riesgo el consumo humano”. Dichos antecedentes serán presentados a través de un informe a la DGA, para que se realicen las respectivas fiscalizaciones.

El concejal Milko Caracciolo por su parte, destacó la importancia de contar con esta información, agregando que esto “es una consecuencia de una mala gestión hídrica a nivel país, y lamentablemente no estamos atacando la raíz del problema, que es la privatización de los derechos humanos” invitando finalmente a los parlamentarios a “generar leyes que protejan los derechos del medio ambiente y el consumo humano, y después negocios particulares, porque acá tenemos más de 11 mil hectáreas de monocultivo, y las consecuencias de este saqueo las está pagando la población de la provincia de San Antonio”.